Esta semana, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019.

El objetivo de ENCIG es – entre otros – generar estimaciones sobre la prevalencia de actos de corrupción y la incidencia de los mismos en la realización de trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, y que aporte elementos para la toma de decisiones de políticas públicas.

Resalta el crecimiento del número de habitantes que reporta haber experimentado actos de corrupción al realizar estos trámites o en el contacto con algún servidor público. De igual forma, se reporta un aumento del 64% en el costo de la corrupción relacionada con estos trámites, respecto de las cifras del 2017.

Por contraposición, llama la atención el crecimiento de los índices de confianza de la población en las instituciones del sector público, desde los propios servidores públicos (que son quienes realizan los trámites) hasta el Gobierno Federal.

Esta situación amerita un análisis reflexivo. Es posible que se trate de un elemento metodológico, toda vez que algunas preguntas de la encuesta se basan en la experiencia del ciudadano y otras miden su percepción del tema.

Conforme a esto, los ciudadanos estarían manifestando haber tenido “experiencias” de actos de corrupción al realizar ciertos trámites, pero “percibir” que los actores del sector público generan mayor confianza que en el pasado.

Dicho de otra manera, significaría que la retórica del Gobierno respecto de su compromiso por combatir la corrupción habría tenido eco, no obstante que los hechos indiquen otra cosa.